Todos quieren los privilegios de los curas

COMUNICADO

En todo Chile, a 06 de marzo de 2026

Como activistas y sobrevivientes a abusos en entornos institucionales, en gran medida eclesiásticos y/o tercerizados por el Estado, alertamos a la sociedad sobre las consecuencias que implica el proyecto de ley aprobado en general por el Senado que propone el beneficio de cumplimiento extracarcelario de penas a criminales condenados, en caso de enfermedad catalogada como crónica (diabetes, hipertensión, asma, por ejemplo) o edad mayor a 70 años sin enfermedades, contradiciendo tratados internacionales de derecho con rango constitucional en Chile. Si bien aplicaría a toda la población carcelaria, sabemos que el acceso a las medidas que benefician la calidad de vida en prisión depende mayormente de gestiones y privilegios reservados para minorías ligadas al poder. Este grupo selecto suele incluir a criminales condenados por crímenes contra los Derechos Humanos. Además, concentramos nuestra mirada en quienes están presos por delitos de violencia sexual. Sabemos que todos los estudios sobre criminales sexuales confirman que la reincidencia es la norma, y nada les detiene en la búsqueda de nuevas víctimas una vez libres, así se trate de una libertad con limitaciones. Incluso pueden usar a su favor su condición de aparente fragilidad tras aplicarse el beneficio. El proyecto de ley no establece ningún tipo de restricción respecto del acceso a víctimas potenciales ni espacios de circulación. Tengamos en cuenta que una víctima de abuso sexual, durante la infancia o la adultez, acarrea una serie de secuelas médicas y psicológicas que se verían agravadas sin excepción por la cercanía de sus atacantes. 

Hablamos desde la experiencia. Conocemos el miedo a cruzarnos con nuestros victimarios amparados por instituciones que sostienen su impunidad. La Iglesia Católica es el ejemplo más claro de encubrimiento y protección de abusadores. Los religiosos condenados en Chile son una anécdota estadística al lado de la aberrante cantidad de crímenes cometidos en sus espacios que jamás recibirán castigo ni llegarán al Poder Judicial.    

Llamamos a la sociedad, especialmente a legisladores y otras autoridades a detener el avance de este proyecto que garantiza violencia y revictimización sobre los más vulnerables de nuestra sociedad. Por las infancias del presente, del pasado y del futuro. NO a una ley que libera pesadillas reales en las calles de nuestro país.