Chile necesita con urgencia una política nacional contra la violencia sexual infantil, con recursos, coordinación efectiva y participación de la sociedad civil y de la propia niñez. Quién gobierne debe asegurar la educación sexual integral como derecho, que también es una política pro-familias y pro-vidas, porque protege a la niñez y fortalece las capacidades de cuidado. No es solo un deber jurídico: es un imperativo ético y democrático.

El abuso sexual infantil en instituciones no es un hecho aislado ni un secreto bien guardado; es una práctica estructural, sostenida por redes de poder, silencio y complicidad. En Chile, como en tantos países, ese entramado incluye a la Iglesia Católica, congregaciones religiosas, organizaciones de scouts, hogares del SENAME y entidades estatales. Cambian los nombres y las fechas, pero el patrón es el mismo: abuso, encubrimiento, impunidad y un Estado que mira hacia otro lado

En la agenda bilateral definida se menciona que hablarán de derechos humanos, pues entonces es una excelente oportunidad para requerir algunas cuestiones básicas en la relación entre dos estados soberanos: