En Chile, la obligación de denunciar abusos o maltratos contra menores de edad está establecida principalmente en las siguientes normativas y aplica a toda persona, religiosa o no, sin importar su estado clerical, Se puede sancionar el encubrimiento.

Chile necesita con urgencia una política nacional contra la violencia sexual infantil, con recursos, coordinación efectiva y participación de la sociedad civil y de la propia niñez. Quién gobierne debe asegurar la educación sexual integral como derecho, que también es una política pro-familias y pro-vidas, porque protege a la niñez y fortalece las capacidades de cuidado. No es solo un deber jurídico: es un imperativo ético y democrático.

El abuso sexual infantil en instituciones no es un hecho aislado ni un secreto bien guardado; es una práctica estructural, sostenida por redes de poder, silencio y complicidad. En Chile, como en tantos países, ese entramado incluye a la Iglesia Católica, congregaciones religiosas, organizaciones de scouts, hogares del SENAME y entidades estatales. Cambian los nombres y las fechas, pero el patrón es el mismo: abuso, encubrimiento, impunidad y un Estado que mira hacia otro lado