Al III Foro Internacional de DDHH -en Buenos Aires Argentina-, llevamos la denuncia de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las infancias en entornos institucionales, espacios bajo tutela del Estado de Chile y de la Iglesia Católica. Esta vez se trata de un afiche informativo. El texto del mismo, a continuación. Y al final de la nota, link para su libre descarga y difusión. Puedes imprimirlo y colocarlo donde más sirva.
CHILE: ¿QUIÉN RESPONDE POR LOS DELITOS DE ABUSO CONTRA INFANCIAS EN ENTORNOS INSTITUCIONALES?
DESDE 1990 CHILE ES ESTADO PARTE DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE NACIONES UNIDAS. EL COMITÉ CONTRA LA
TORTURA (CAT) Y EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CRC) ESTABLECEN QUE EL ABUSO CONTRA INFANCIAS ES DELITO DE TORTURA.
EL ESTADO DE CHILE ES RESPONSABLE DE LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS DE LAS INFANCIAS BAJO SU TUTELA
El informe de la Policía de Investigaciones (PDI) entregado a Fiscalía en 2018 revela que en el 100% de los centros de menores que administra el Estado (Secretaría Nacional del Menor SENAME, rebautizada Mejor Niñez) y en el 88% de las residencias gestionadas por particulares, se constataron “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. En un 50% de los hogares a nivel nacional se verificaron abusos sexuales.
TRES COMISIONES INVESTIGADORAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE CONFIRMARON:
Situaciones de abuso y explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) bajo protección del Estado han sido "reiteradas y de larga data en el sistema".
54000 infancias a cargo del Estado desaparecidas de los registros.
La muerte de 1313 niños, niñas y adolescentes institucionalizades, entre los años 2005 y 2016.
200 mil infancias desplazadas.
50 por ciento de las personas que están privadas de libertad, de los adultos privados de libertad en Chile por haber cometido algún tipo de delito, pasaron alguna vez, siendo niños, niñas y adolescentes por el SENAME.
Explotación sexual a niñeces institucionalizadas, en forma reiterada "y de larga data en el sistema" facilitada por la "falta de respuestas interinstitucionales" sobre el accionar de redes de explotación sexual comercial de NNA (ESCNNA), incluyendo los casos detectados. Se confirma que ninguna residencia cuenta con las orientaciones técnicas, personal, programas especializados ni trabajo en red para abordar esta problemática.
EL ESTADO DE CHILE ES CÓMPLICE:
- DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y/O RELIGIOSAS QUE NO GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LES NNA A SU CARGO.
Ningún organismo público controla los permisos de explotación otorgados a iglesias y otras instituciones privadas dedicadas a educación y tutela de NNA, habilitando el abuso como herramienta de lucro.
La Iglesia Católica administra al menos 20% residencias que albergan a NNA institucionalizades en forma directa y otro 20% a través de razones sociales y organizaciones que le pertenecen, y el 44% de colegios y escuelas en Chile, con financiamiento público para más de la mitad. El 13% del clero chileno está involucrado en delitos sexuales contra infancias.
- DE LAS ESCALAS DE PRIVILEGIOS entre víctimas y sobrevivientes de abuso en entornos institucionales, sujetos iguales ante la ley que someten sus derechos naturales a jerarquías establecidas por clase social, origen, raza, orientación sexual y/o identidad de género.
- DE LA IMPUNIDAD para las autoridades de instituciones que encubren a sus perpetradores y habilitan su inserción en el tejido social y en los mismos procesos e investigaciones que el aparato estatal desampara.
COMISIÓN DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN ÚNICA E INDEPENDIENTE, URGENTE* ANTE LA INDIFERENCIA DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE CHILE
Porque una investigación cuasi judicial a gran escala sobre las violaciones a los derechos de las infancias, por decreto presidencial o por ley, instruye y orienta el accionar del aparato estatal sobre asuntos de interés público.
Porque el delito de abuso contra infancias es uno solo, exigimos una sola justicia, que los dueños del poder no elijan cuándo, ni dónde, cómo ni sobre quiénes se imparte.
Porque el Estado no habilita espacios seguros donde víctimas y sobrevivientes sean escuchades para responder a sus denuncias con el debido proceso judicial y mecanismos de reparación integral.
Porque cuando las estructuras de poder económico, religioso, político, social e institucional se involucran, encubren o participan directamente en delitos de abuso contra infancias, distorsionan la diversidad de relatos a partir de los hechos investigados, sesgando el acceso a los datos que esclarecen los hechos, las causas y las consecuencias.
Porque les sobrevivientes de abuso contra infancias en instituciones representan un problema de salud pública que sólo se soluciona con mecanismos de reparación que se enmarcan en el derecho a una vida digna y resultan del acceso justo e igualitario al debido proceso judicial.
*Recomendación del comité de los Derechos del Niño de la ONU para el Estado de Chile (enero 2022): "ESTABLECER UNA COMISIÓN DE VERDAD INDEPENDIENTE, IMPARCIAL Y ADECUADAMENTE FINANCIADA PARA EXAMINAR TODOS LOS CASOS DE ABUSO DE NIÑOS EN ENTORNOS INSTITUCIONALES, INCLUSO DENTRO DE LA IGLESIA CATÓLICA Y EN CENTROS RESIDENCIALES".
ROMPER LA CULTURA DEL SILENCIO PROTEGE A LOS SECTORES VULNERABLES DE LAS VIOLENCIAS QUE SE EJERCEN DESDE LAS ESFERAS DE PODER ECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL.
LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, LA INFORMACIÓN Y LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA MEMORIA Y LA NO REPETICIÓN SON ARMAS DE DEFENSA CONTRA LA DESIGUALDAD Y EL ABUSO.
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