Sobreseer y traicionar

Desde niño, septiembre alarga las sombras de una primavera violenta. Para Chile y para mí, para mi cuerpo, mi identidad y mi historia. Y también es la época del año en que, hace no tanto, pude hablar.

El paso de las estaciones no es igual para todos. A las víctimas de violencia sexual en entornos institucionales, el tiempo nos archiva sin siquiera avisarnos. Para nuestros agresores, en cambio, es un aliado, un cómplice astuto que borra huellas y vence plazos. Lo vimos hace unos meses, cuando la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por unanimidad, sobreseyó por prescripción a los hermanos maristas Abel Pérez y Adolfo Fuentes Corral. El argumento: pasó hace más de treinta años. Más de treinta años me llevó a mí poder nombrar lo que Adolfo Fuentes Corral hizo de mi infancia en el Instituto Alonso de Ercilla y en aquel campamento scout de la primavera.

El caso de Adolfo Fuentes Corral representa perfectamente la impunidad estructural. En diciembre de 2025, la Corte revocó el fallo de primera instancia que había rechazado el sobreseimiento. Un juez entendió la gravedad del delito, vio que nuestra dignidad no se puede guardar en el fondo de un cajón. Y la Corte, con sus ministros y su abogada integrante, decidió lo contrario. Y así, el hermano Fuentes, que según investigaciones continúa viviendo a costas de la congregación en una cómoda casa de la comunidad, queda a salvo de la justicia penal. No importan las más de veintiocho víctimas reconocidas por la propia Fiscalía. No importa que Naciones Unidas declare que la violencia sexual contra infancias en entornos institucionales es tortura.

El Comité contra la Tortura de la ONU ha sido claro: cuando el Estado sabe que personas vulnerables (como niños, niñas y adolescentes) son víctimas de violencia sexual y no toma medidas para investigar y aplicar sanciones a las instituciones y/o individuos responsables, se convierte en cómplice de un delito imprescriptible. Y Chile siempre supo lo que pasaba en el colegio marista, en el seminario, en el hogar SENAME, en todo entorno institucional con presencia de la Iglesia Católica. En 2017 estalló el caso Maristas y la negación fue insostenible. Las víctimas fuimos una y otra vez a los tribunales, a la fiscalía, a los medios. Hicimos el trabajo que no nos correspondía: investigar, documentar, aprender derecho, llevar pruebas, convocar a expertos. Escuchamos que estamos llenos de odio, que debemos soltar, perdonar, olvidar. Nos organizamos y nos volvimos activistas, por nosotros y por los que no pudieron, con el trauma a cuestas y con el tiempo en contra.

El sobreseimiento de Fuentes y Pérez no es un hecho aislado. Cristián Precht, otro de mis agresores, también fue sobreseído en julio de 2025 con el mismo argumento de prescripción. La Corte determinó que los hechos, ocurridos entre 1975 y 1987, quedaban fuera de plazo porque la querella se presentó recién en 2018. El abogado defensor calificó el fallo como "bueno" y habló de un "trato inmisericorde" hacia su representado.

Inmisericorde. Parece que así se describe el haber sido investigado por crímenes sexuales contra niños. Mientras tanto, el Vaticano ya había expulsado a Precht en 2018 tras comprobar "conductas abusivas". La justicia canónica no tuvo dudas de los crímenes. Pero la justicia civil encontró en el tiempo una coartada perfecta. Porque no te dicen que no ocurrió nada, dejan que el tiempo que te llevó denunciar haga la magia que necesitan sus criminales para seguir sueltos. No es el tiempo, no es diciembre, no es la primavera o septiembre, es la justicia y sus caprichos fríamente calculados.

La prescripción no solo es una provocación para las víctimas. Es un contrasentido jurídico y ético que contradice el espíritu más profundo de nuestra propia legislación. En 2019, Chile dio un paso histórico al promulgar la ley que declaró imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad. La "Ley de Derecho al Tiempo" reconoce que las víctimas necesitan procesar el trauma antes de poder denunciar. El entonces presidente Piñera lo resumió: "A partir de hoy, el paso del tiempo no será nunca más un cómplice de los abusadores de nuestros niños". La ley estableció que si las huellas y cicatrices de los abusos no se borran con el tiempo, tampoco debe borrarse la responsabilidad penal de los abusadores, declarando imprescriptibles los delitos de violación, estupro, abuso sexual, exposición a actos de significancia sexual, producción de material pornográfico y favorecimiento de la prostitución cuando se cometen contra menores de 18 años.

Esta ley no pudo salir del Congreso con fuerza retroactiva. La coartada perfecta que la Corte usó para sobreseer a mis agresores y a tantos otros. Pero la no retroactividad de una norma no anula el mandato ético que apela al legislador, al juez y a la sociedad: la justicia no puede rendirse ante un manejo arbitrario del tiempo cuando el crimen, por su propia naturaleza jurídica, es imprescriptible. El reconocimiento de que el trauma no entiende de plazos procesales no puede ser un privilegio para unos pocos, sino un principio rector que guíe toda interpretación judicial. Cuando los tribunales aplican la prescripción mecánicamente, ignorando el espíritu de la ley y el compromiso con los tratados internacionales que nos respaldan, están traicionando el mandato de la propia sociedad que, a través de su Congreso, dijo con claridad: el tiempo no es excusa.

La justicia no puede descansar en los pocos recursos que tenemos las víctimas, en el poder de la funa, en el linchamiento social o el escrache. Eso es importante y es una parte, pero no alcanza si el Estado no se activa. Lo vimos con los juicios de lesa humanidad en Argentina: el trabajo de organizaciones como Abuelas, Madres, Hijos Fue clave, pero los juicios avanzaron porque en el Estado, hubo autoridades que honraron esos años de lucha y los convirtieron en políticas de Estado. A pesar de todos los intentos por aplastarlos, los juicios siguen. Porque cuando las fuerzas sociales se despiertan, la defensa de los derechos humanos se vuelve una cuestión fundamental de la vida civil. Pasa con los crímenes de la dictadura. ¿Pasará alguna vez con la violencia sexual contra infancias? ¿Pagarán las instituciones responsables y sus sistemas impunes?

No es una pregunta retórica. En estos días, la Fiscalía chilena mantiene abiertas investigaciones contra religiosos chilenos y españoles imputados por violencia sexual contra infancias en la causa marista. En otras causas también hay curas denunciados. Se realizaron allanamientos en la Conferencia Episcopal. Hay nuevas querellas. Hay movimiento, hay lucha. Pero los sobreseimientos de Fuentes, de Pérez, de Precht, nos recuerdan que el sistema de justicia no cambia su lógica. La prescripción no es un tecnicismo, no es neutral. Es una decisión política sobre qué crímenes merecen ser juzgados y cuáles pueden quedar en el olvido. Y cuando se aplica a delitos cometidos contra infancias en el seno de instituciones poderosas, el mensaje es claro: les conviene esperar, y esperan porque pueden. ¿Qué tiene para decir la Suprema? ¿Habrá que seguirla en cortes internacionales?

Mientras, con cada nuevo fallo que pretende archivarnos, recuerdo que la lucha no termina en los tribunales. La lucha es también nombrar lo que nos hicieron, sin atenuantes: no fue un pecado, no fue abuso, fue violencia sexual. No fue un exceso, fue tortura. Y la lucha es exigir que el Estado, cómplice por omisión durante décadas, deje de esconderse detrás de los plazos y asuma su responsabilidad. Que los tribunales cumplan con el control de convencionalidad. Que no se le llame Comisión Verdad y Niñez a un insulto a nuestro derecho a la reparación. Porque la justicia no puede ser solo lo que las víctimas logramos arrancarle a tirones al sistema. La justicia es un deber del Estado. Y mientras no lo cumpla, la impunidad seguirá siendo la norma, y mi primavera una estación maldita.

Eneas Espinoza Gallardo

Fundador y Vocero Red de Sobrevivientes Chile

Columna de opinión publicada originalmente en: