En la #ComisióndeCultura de la Cámara de Diputados de Chile nuestra representante Franchesca Noa Carrasco entregó la mirada de nuestra Red para evaluar la idoneidad de los candidatos y candidatas que reciben los #PremiosNacionales.
Hoy se aprobó en general el proyecto.
Esto dijimos:
La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Chile quiso ser parte de las voces que se presentan a propósito de la modificación de la ley N° 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales, para incorporar la ponderación de la idoneidad
moral de los candidatos, y la revocación de premios otorgados.
Nos parece fundamental recordarles que la violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en contextos familiares, educativos y eclesiásticos es intolerablemente más común de lo que la sociedad está dispuesta a aceptar. Nuestra experiencia directa como sobrevivientes de abuso por parte de religiosos, laicos y educadores nos mueve a gritar en todo espacio que no existen los santos, no existen los perfectos seres maravillosos a galardonar y que muchas veces detrás de un perfil en apariencia impecable se pueden esconder delitos aberrantes como es el abuso sexual hacia la infancia.
La violencia sexual ha sido definida por organismos y cortes internacionales como una forma de tortura, por las graves consecuencias que marca en las vidas de seres humanos, por un lado en procesos internos, que parten en una situación de vida obligada por uno o unos terceros, que condiciona no solo la sexualidad del que ha sufrido el abuso, condiciona cada momento de su vida, recordándole esa ocasión en que fue abusado.
La violencia sexual, condiciona un silencio, escondido en la profunda vergüenza de haber sido usado, un silencio que lleva cada sobreviviente desde el miedo a hablar, por la crítica social, la duda familiar, el cuestionamiento de ese medio inmediato, ¿cómo puedo decirles a otros que un sacerdote o una monja abuso de mi persona? ¿quién me va a creer? Cuando este delincuente además es una figura con perfil de respeto académico o cívico, con premios y admirado por la sociedad se nos hace aún más difícil denunciarlo.
El abuso sexual bajo cualquier contexto es una forma de tortura, porque es obligada, no deseada, atenta contra la libertad humana, marca el cuerpo quedando grabada en la memoria de por vida. Es una forma de tortura por que busca denigrar y cosificar al ser humano.
Nuestra sociedad va comprendiendo que el abuso eclesiástico no es un tema entre el abusador y la persona abusada, tampoco es un problema privado entre le denunciante y la Iglesia Católica. Es una violación flagrante de los Derechos Humanos de niñas, niños, adolescentes y adultes que deja secuelas que nos han marcado de por vida.
Nuestra Red invita a esta Comisión a revisar los datos sobre abuso sexual en entornos eclesiásticos: colegios, parroquias, grupos scouts, seminarios; que esperamos concienticen aún más al legislador respecto de la alerta a tener sobre la mesa cuando se premia a alguien y sobre la necesidad de reevaluar toda vez que se presente una denuncia sobre un ya ganador, entendiendo que el proceso de develar un abuso puede significar décadas, con lo cual antes que asombrarse, se debe considerar un mecanismo para acoger esta denuncia sobre el galadornado y exigirle la devolución del título obtenido y del dinero que ha recibido por dicho concepto como un acto de mínima justicia.
Esta Red alerta a las familias y al Estado que a diario ponen al cuidado directo de la Iglesia Católica o de sus congregaciones a niñas, niños y adolescentes a que consulten nuestro mapa del abuso eclesiástico chileno y se detengan un momento a pensar si pueden dormir tranquilos sabiendo que entre el 11% al 15% del clero chileno estaría involucrado en delitos sexuales contra la infancia según datos del propio Estado Vaticano. Si miran las fechas de los abusos y la fecha de las denuncias que hemos recabado en dicho mapa verán que por décadas callamos nuestros abusos y sabemos demasiado bien todo lo que se demora en salir del dolor, humillación, incluso de la culpa absurda de haber sido abusados y recién ahí poder hablar. Sólo cuatro de cada diez podrá contarle a su círculo de confianza el crimen que padecieron y apenas entre el 6 y el 10% hará la denuncia. Hagan el cálculo ustedes sobre la cifra negra del abuso si solamente los casos conocidos de manera pública en medios de prensa superan al día de hoy los 300 ligados a la Iglesia Católica.
Teniendo esto claro resulta fundamental que cada vez que se evalúe a un candidato a un premio nacional se entienda que por más que sus actos públicos nos lleven a ensalzarlo en su disciplina siempre recordemos que no sabremos nunca todo sobre su vida privada, que no se trata de super hombres o baluartes éticos. Que si hay algo en su biografía relacionado a la vulneración de los derechos de la infancia probablemente pasen años o décadas hasta que el vulnerado se anime a hablar y es por ello que insistimos con que se debe incluir la reevaluación de cada premio bajo estos criterios y la opción de retirarle y exigirle la devolución de lo obtenido cuando se develan los delitos contra la infancia si los cometió el galardonado o si participó en el encubrimiento de este tipo de crímenes en su entorno familiar, profesional, social o laboral.
Si bien el trabajo legislativo de hoy sabemos se refiere específicamente a la cuestión del galardón mencionado, como Red reiteramos el llamado al Poder Legislativo a que nos acompañe en la demanda al Poder Ejecutivo para que de una vez por todas se cree una Comisión que investigue estos delitos (SEMANE, entornos eclesiásticos, educativos, etc), establezca una verdad histórica y genere los mecanismos de reparación necesarios para los sobrevivientes y sus familias. Somos un problema de salud pública.
Muchas gracias.