Presentación de esta Red de Sobrevivientes a cargo de Helmut Kramer en la Universidad de Tarapacá el viernes 13 de marzo de 2020.
Quiero empezar agradeciendo esta invitación y el honor de dar inicio a este encuentro a nombre de la Red de Sobrevivientes. Les cuento un poco de nosotros antes de entrar de lleno al tema que traje.
Desde julio de 2018 las historias individuales de un grupo de sobrevivientes de abuso sexual en entornos eclesiásticos se unieron en esta organización, una red que funciona como instrumento de lucha colectiva y contención para procesos individuales.
Antes de esa fecha el camino de varios de nosotros llevaba meses o incluso años, pero eran rutas individuales o a lo más grupales de personas que compartían espacios comunes de dolor: habíamos padecido este delito, el abuso sexual en la infancia, en la misma parroquia, el mismo colegio o la misma congregación.
Este 2020 cumpliremos dos años desde que decidimos afrontar el desafío de luchar juntos, por nosotros, pero más importante aún por los cientos o miles de víctimas que permanecen en silencio atrapados por las secuelas del abuso y además por la mordaza impuesta por los religiosos o religiosas que los atacaron.
Sabemos que son miles los que necesitan hablar. A nivel global, un 11% del clero está involucrado en abusos sexuales contra niños y niñas, según cifras provistas por el propio Vaticano. En Chile, esta estadística aumenta a un 13%.
El abuso sexual ocurre en todos los ámbitos donde hay menores presentes. Los espacios a cargo de la Iglesia Católica son apenas el recorte de una pandemia. Desde este espacio que nos convoca, es nuestro deber como sobrevivientes, y es deber integrante de la sociedad civil, mirarla de frente y entrar en acción.
Nuestra actividad como Red se apoya ante todo en un lazo con la comunidad que se fortalece de diferentes maneras, todas igualmente válidas. Estamos presentes en redes sociales y medios, y contamos con una vía de contacto permanente en nuestro website.
Trabajamos a diario en la visibilización y denuncia de delitos de abuso sexual y de conciencia contra menores en manos del clero. Incidimos en políticas públicas y marcamos presencia en la actividad parlamentaria, por ejemplo con la Ley Nº 21.160 que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad; y la Ley N° 21.159 que elimina privilegios procesales a favor de miembros de la Iglesia Católica. En ambos caminos legislativos participamos activamente para conseguir su aprobación y sabemos que esto es insuficiente.
Mantenemos un intercambio constante con organismos gubernamentales y privados orientados a la protección y defensa de los DDHH, para aumentar el alcance de la tarea de concientización que nos convoca, y para poder ofrecer una guía adecuada a las víctimas que nos contactan.
Profesionales de la salud y del ámbito jurídico nos acompañan y orientan en el trabajo con cada caso. Apuntamos en este aspecto a la cobertura de todo el territorio chileno, a descentralizar y aumentar la asistencia a todo individuo o grupo que la requiera. Ese es el desafío presente de la Red.
Sabemos por nuestra experiencia que poner en palabras el abuso y denunciarlo es uno de los pasos más importantes en el camino de sanar, ruta que para muchos concluye en la obtención de justicia y reparación; y para otros como ha sido mi caso, sigue en la militancia de los derechos de la infancia, en la denuncia permanente de estos crímenes contra los derechos humanos que son sin duda alguna los abusos que padecimos a manos del clero y su entorno.
Quienes estudian el abuso sexual en la infancia desde las disciplinas de la medicina y la salud mental han concluido que las acciones posteriores del entorno son vitales para una sobrevida digna de quien ha padecido este delito. Es acá donde resultan claves una serie de elementos en los que quiero detenerme y que dan nombre a esta presentación.
La Persistente Responsabilidad del Estado de Chile en el Abuso Eclesiástico.
El Estado ausente es un Estado Responsable.
Algunas de sus ausencias se han naturalizado y otras sí movilizan a la sociedad chilena aún cuando persiste su falta para toda la población.
Qué se espera de un Estado:
La prevención de los delitos contra la infancia.
Que cuando estos ocurran, los persiga, investigue y sancione de acuerdo a su gravedad y a la naturaleza de los mismos.
Que se ocupe de que la justicia y reparación de las víctimas permita a las mismas tener una vida digna.
Que haga el mayor esfuerzo con todas sus herramientas como Estado para que Nunca Más se cometan estos crímenes en Chile.
Desde los primeros casos conocidos de denuncias específicamente de abusos cometidos por miembros del clero en suelo chileno (o de agentes del Estado Vaticano como nos gusta señalar por el doble comando con el que juega la Iglesia en el tema de sus miembros consagrados) el Estado de Chile no ha perseguido estos delitos ni de acuerdo a su gravedad ni acorde a la naturaleza de los mismos.
La persistencia de la responsabilidad del Estado es tal por las décadas transcurridas como primer síntoma de la realidad que denunciamos.
Naciones Unidas entiende los delitos de abuso sexual contra la infancia como crímenes de derechos humanos, tortura, que afectan a quien los padece convirtiendo su vida adulta en un camino similar al que vive un sobreviviente de un campo de concentración por ejemplo.
Nuestra elección al definirnos como Sobrevivientes viene de allí, el trauma complejo, las secuelas permanentes y la afectación de nuestra salud mental y física son las que tienen por ejemplo los judíos europeos que sobrevivieron a los nazis. Es tal el grado de similitud de dichas secuelas que también se ha estudiado que son heredables en ambos casos.
Los crímenes de Derechos Humanos son imprescriptibles. Otra definición de Naciones Unidas surgida de la imperiosa necesidad de que se persigan estas aberraciones con el tiempo necesario para que el NUNCA MÁS pueda ser una certeza de que como especie no estemos en peligro de caer nuevamente en genocidios al estilo de los vividos en el siglo veinte.
Pues bien, el Estado de Chile recién el año pasado aprobó y promulgó el Derecho Al Tiempo, como se conoció la imprescriptibilidad para estos delitos, victoria de los sobrevivientes y de la ciudadanía organizada que empujó por esto a pesar del intenso lobby que pudimos palpar en carne propia de Instituciones que veían en peligro la impunidad de la que han gozado por siglos. Esta victoria tampoco fue completa, la ley aprobada no es retroactiva, miles de sobrevivientes no verán justicia y cientos de delincuentes seguirán impunes.
No voy a extenderme en comentarles el debate sobre los principios de la no retroactividad y porque en este caso si era clave que se acordara al menos una ventana para denunciar abusos cometidos en la segunda mitad del siglo veinte por ejemplo. Sólo quiero recordarles que cuando hablamos de tortura este debate no se da. El abuso en la infancia es tortura. Así lo define el derecho internacional.
Un Estado Ausente es un Estado Responsable. Ha fallado en la prevención por el sólo hecho de no atender la enorme cantidad de denuncias que, primero como gotera y luego como avalancha, presentamos los sobrevivientes alertando de los delitos que se cometen en entornos católicos: escuelas, hogares de niños y niñas, seminarios, parroquias, grupos scouts.
No hemos tenido ninguna reacción ni desde el Ejecutivo ni desde la Justicia para revisar si acaso esos entornos para la infancia chilena no son acaso lugares de alto riesgo habida cuenta la cantidad de crímenes cometidos allí y la cantidad de años en los que se extienden los mismos.
¿A ustedes les parece normal que el Ministerio de Educación no se detenga un momento a revisar los permisos que la Iglesia Católica y sus congregaciones tienen como sostenedores de colegios y hogares ante la magnitud de las denuncias presentadas?
¿No les hace ruido que el Ministerio de Justicia no avance sobre la autorización legal para el funcionamiento de las mismas cuando se acumulan en fiscalìa los antecedentes sobre los crímenes cometidos allí?
El Estado de Chile es responsable primero por ausente pero también por acciones concretas, cuando teniendo todos los antecedentes sobre la mesa no avanza en las causas que involucran a los criminales religiosos.
La impunidad de los criminales implica que el espiral del abuso se sostenga en el tiempo y cada delincuente que se pasea por Chile trasladado por la Iglesia para encubrir sus crímenes, deja un tendal de nuevas víctimas en cada ciudad en la que es asignado.
El abandono de una víctima causa nuevos casos pero también vuelve ese abuso en persistente. Al no perseguir ese delito.
El daño permanente que recibe esa niña o niño también afecta a la familias y las secuelas de ese crimen le acompañan por el resto de nuestras vidas. Somos un problema de salud pública. Porque además de hacer de nuestras vidas un padecimiento diario, afecta nuestras relaciones sociales, laborales, familiares, todo. ¿A quién corresponde asumir el costo médico y humano de las secuelas de estos delitos?
Esto cuando hablamos de los que estamos vivos, falta hablar de la responsabilidad del Estado que al no perseguir el delito, al dejar en la indefención a la víctima al punto de que ya no hay vuelta atrás porque esas personas las perdimos para siempre en el suicidio.
Quizá ustedes se pregunten los números del abuso sexual eclesiástico en Chile y ahí es donde está la otra enorme responsabilidad del Estado. No hay relevamientos oficiales. Nosotros, desde la Red, elaboramos un mapa conteniendo apenas las denuncias públicas conocidas en medios y nos acercamos a las 350 en la actualización que lanzaremos a fines de marzo.
350.
El mapa incluye denuncias contra:
3 cardenales
9 obispos
45 autoridades: canciller, director de colegio, director de hogar, director de seminario, vicarios, superiores, responsables, entre otros
3 capellanes
169 sacerdotes, párrocos
15 diáconos
60 hermanos, hermanas, consagrados y consagradas
15 laicos, profesores, catequistas
¿No alcanzan esos números para que el Estado reaccione? No hablamos del pasado, hablamos del presente. Hablamos de espacios en los que hoy las familias de este país ponen a sus hijos e hijas a supuesto cuidado y resguardo de la Iglesia Católica y sus congregaciones. Hablamos de hogares donde el propio Estado delega su responsabilidad tutelar a través del SENAME y pone a esos niños niñas y adolescentes en peligro cierto al persistir en asociarse con quienes ya cometieron crímenes contra la infancia.
El Estado de Chile no ha tomado en sus manos un deber básico que implica además de perseguir estos horrores evaluar si acaso nuestra afirmación de que se trata de un flagelo, de una pandemia, de crímenes sistemáticos, es una afirmación antojadiza o si acaso los antecedentes que hemos presentado tienen el peso suficiente para investigar más a fondo.
El modo de operar de las instituciones a las que pertenecen los delincuentes sexuales ha sido sospechosamente el mismo a la hora de encubrir, proteger e intentar acallarnos.
En otros países si se ha avanzado al respecto y se confirmaron las sospechas de los sobrevivientes, se trataba de una política institucional destinada a tapar crímenes y ocultarlos de la justicia, incluso con manuales escritos de cómo hacerlos, encontrados por el FBI.
La Iglesia Católica en Chile no es distinta a la de Australia, Irlanda o Estados Unidos, es una sucursal que responde a los mandatos del Vaticano, que persiste en sus políticas de protección de criminales a toda costa. Justamente la creación en esos países de una Comisión del más alto rango que investigue esos crímenes fue la solución para toda la sociedad ante este flagelo.
Desde los orígenes de esta Red de Sobrevivientes es que estamos levantando el pedido al Estado de Chile de que asuma su responsabilidad ante una serie de crímenes por los cuales no ha movido un dedo; y que su ausencia y pereza lo han convertido en otro responsable de estos delitos, si acaso el principal de persistir su total anuencia a moverse en pro de la justicia, la reparación y el nunca más que requiere Chile.
La creación de una Comisión Nacional que se ocupe de investigar, sancionar, proponer medidas concretas y aplicarlas tanto en la prevención como en las tareas pendientes para con víctimas y sobrevivientes en justicia y reparación es la manera que tiene el Estado de Chile de saldar en parte su deuda con la nación.
La impunidad eclesiástica en materia de abusos es otro pilar del grave constructo social sobre el cual descansa la violencia sistemática en nuestro país. Hasta hace muy poco cuando se quería definir a la sociedad chilena se hablaba de país católico. Que no les sorprenda que en ese armado identitario precisamente el abuso en la infancia aparezca como el principal crimen de una entidad que permeó a la sociedad chilena con su cultura patriarcal nefasta. A la hora de pensar un nuevo Chile, no podemos barrer bajo la alfombra ninguna deuda de justicia, dignidad o derechos humanos. No hay margen para eso.
Esta Red de Sobrevivientes está con el resto de la nación en las calles de Chile reclamando los cambios sustanciales que necesitamos. Pensar una nueva Constitución donde la infancia esté protegida como sujeto de derecho es el ejemplo más fácil de lo que tenemos que ocuparnos.
Muchas gracias.