“Los niños primero”: violencia sexual infantil en Chile

Lucha Leftraru Venegas Navarrete.

Académica, vicepresidenta de la Red de Sobrevivientes - Chile

Cada 18 de noviembre se recuerda el Día Mundial para Prevenir la Explotación y la Violencia Sexual contra la Niñez y Promover la Sanación. En Chile, esta fecha expone una realidad persistente: las denuncias por abuso sexual infantil y explotación sexual comercial han aumentado sostenidamente, sin respuesta estatal.

Aunque Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 —que obliga a proteger contra la violencia, prevenir la explotación sexual y asegurar la recuperación— estas obligaciones siguen incumplidas. La Ley 21.430, que creó el Sistema de Garantías, tampoco ha logrado instalar una política sólida de prevención, investigación y reparación.

Preocupa especialmente la decisión del gobierno del presidente Gabriel Boric de no concretar la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para víctimas de violencia sexual infantil en entornos eclesiásticos, pese al compromiso asumido con agrupaciones de sobrevivientes. Esta decisión corta un proceso fundamental sostenido por las agrupaciones de víctimas: durante el gobierno anterior de Piñera se aprobó la ley conocida como Derecho al Tiempo, que hizo imprescriptibles los delitos sexuales contra la niñez, aunque sin efecto retroactivo. Precisamente por ello miles de sobrevivientes esperaban una vía de verdad y reparación que el actual gobierno había prometido. La negativa, además, contradice las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y de la Defensoría de la Niñez.

La región de Magallanes evidencia con claridad la omisión estatal: allí las denuncias por abuso sexual infantil han aumentado, mientras en Puerto Natales —la comuna más afectada— el Estado redujo a la mitad el personal de la Oficina Local de la Niñez, vulnerando el principio de no regresividad. Menos Estado significa más desprotección.

A esto se suma un dato crítico: un número importante de denuncias termina archivado, sin investigación ni sanciones, y las víctimas sin sanación. Esta impunidad envía un mensaje devastador: que estos crímenes pueden quedar sin respuesta. El Comité de Derechos de la Niñez ha insistido en la necesidad de actuar con debida diligencia reforzada.

El panorama se vuelve aún más crítico con el aumento de la violencia escolar, las agresiones sexuales en establecimientos educacionales, el intento del Partido Republicano de reinstalar el matrimonio infantil en 2024 y la captación de adolescentes —incluyendo jóvenes en residencias de protección— por redes criminales de explotación sexual. Los ataques sexuales se han convertido en el tercer delito de mayor crecimiento a nivel nacional durante los años del gobierno del presidente Boric, y cerca del 80% de las denuncias involucra a niñas, niños y adolescentes. Mientras la niñez es víctima directa de estas redes, sectores de derecha proponen bajar la edad de responsabilidad penal para encarcelarla desde los 12 años, y el gobierno ha dejado sin impulso la educación sexual integral, derecho fundamental para prevenir y detectar estas violencias en alza.

Además de la Comisión de Verdad para sobrevivientes de abusos sexuales en entornos eclesiásticos, Chile necesita con urgencia una política nacional contra la violencia sexual infantil, con recursos, coordinación efectiva y participación de la sociedad civil y de la propia niñez. Quién gobierne debe asegurar la educación sexual integral como derecho, que también es una política pro-familias y pro-vidas, porque protege a la niñez y fortalece las capacidades de cuidado. No es solo un deber jurídico: es un imperativo ético y democrático.

Cada día sin acción es una señal dolorosa de que seguimos fallando en lo esencial: garantizar que crecer sin violencia sea un derecho real y no una excepción.