Esta Red de Sobrevivientes está integrada por personas diversas, tanto en su origen como en la actividad que hoy desarrollan. Esto habla de la vastedad y amplitud del daño causado por el delito de abuso cometido en ámbitos eclesiásticos. Y como debería ocurrir en cualquier espacio social, nos integran expresiones diversas de la sexualidad humana.
Nuestro equipo coordinador está conformado por sobrevivientes que además son profesionales de diversas áreas: medicina, educación, derecho, periodismo, entre otras disciplinas.
Desde la promulgación de la Ley de Imprescriptibilidad también conocida como “Derecho Al Tiempo” notamos con preocupación un resurgimiento de discursos, gestos, actos e incluso ataques directos al principio fundamental que la sociedad chilena estableció con dicha ley: los delitos de abuso contra las infancias son crímenes sistemáticos y por lo tanto una cuestión de Estado.
Entendemos que detrás de estas acciones avanzan otras redes, esas que permean diversos espacios de poder en el país defendiendo la impunidad que por décadas les ha permitido abusar en todo ámbito.
Vemos como un retroceso cualquier acción que involucre a la Iglesia Católica y a sus instituciones -educativas, congregaciones, fundaciones, ONGs o cualquier otra entidad de su propiedad- como parte de la solución cuando ellos son parte del problema.
Reiteramos que esta Red rechaza cualquier acercamiento por parte del Estado en ese plano con la Iglesia, tal y como rechazamos en su momento el acuerdo entre la Conferencia Episcopal y Fiscalía, que fue eliminado. Nuestro aprendizaje es que no haremos ni validaremos jamás una alianza con una institución perteneciente o relacionada con el Estado Vaticano.
Entendemos que los privados si bien son libres de acordar entre sí los convenios que les parezcan también es clave entender que hay alianzas que descuidan y que la ciudadanía y los sobrevivientes ASI de cualquier ámbito, demandan una coherencia que no podemos descuidar.
Creemos que la Fundación Para La Confianza será la que dará explicaciones y tendrá razones para firmar un convenio con un organismo vaticano. Lo que está Red aprende de esto y afirma, es que jamás firmará convenios con ningún organismo propiedad del Vaticano o de la Iglesia Católica en Chile. Nuestro norte es el Estado, la responsabilidad que le cabe y el compromiso pendiente de crear una comisión investigadora independiente como la que estamos pidiendo.
La vastedad y amplitud de los abusos cometidos en ámbitos religiosos se cruza y combina con los delitos dentro de los hogares del SENAME, donde Iglesia y Estado tienen relaciones peligrosas. También notamos en los testimonios de nuestros integrantes que los abusos vividos en entornos familiares muchas veces se vinculan a lo eclesiástico. La punta del iceberg que se oculta queda a la vista en el mapa que construimos sólo usando datos públicos disponibles en prensa. La actualización de este sábado contiene más de 260 entradas (30 nuevas respecto de abril de 2019) con similar número de delincuentes denunciados. Estos números incluyen 2 cardenales, 7 obispos, 38 autoridades: canciller, director de colegio, director de hogar, director de seminario, vicarios, superiores, responsables, entre otros; 3 capellanes, 152 sacerdotes o párrocos, 5 diáconos; 44 hermanos, hermanas, consagrados y consagradas; además de 11 laicos, profesores, catequistas, etc.
Ante estos números es de toda lógica exigirle al Estado que haga su trabajo, lo dijimos el mismo sábado.
Nos comprometemos para seguir trabajando en pro de impulsar la revolución de cuidado -reparación y prevención-, que necesitan niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables.
Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos.
