Agradecemos a la Asociación de Abogadas Feministas por esta columna:
El 19 de noviembre es el día mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, en adelante “ASI”, y en relación con el Día Internacional de los derechos del niño, “NNA”, que se conmemora al día siguiente, nos permite poner en relieve que, si bien, la prevención es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, es el Estado el garante de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con la OMS 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son abusados sexualmente y solo el 10% de los casos son denunciados. En Chile, las denuncias no se están haciendo en el número en que realmente ocurren. Lo anterior se puede explicar por una serie de factores entre los cuales destaca el hecho de que más de la mitad de los abusos sexuales contra NNA se produce al interior de su hogar y en el 75% de los casos el abusador es algún familiar o persona del entorno cercano y de confianza. Otro gran factor que incide profundamente en que continúen ocurriendo este tipo de hechos es un sistema judicial que revictimiza, no le cree a las víctimas o ampara al culpable.
Esta forma de violencia sexual contra menores de edad, es considerada a nivel internacional como una infracción grave a sus Derechos Humanos, involucrando las dimensiones más íntimas de los sujetos afectados y extendiéndose hasta aquellas relativas a las relaciones de género y poder que se relacionan con las esferas tanto de lo público como de lo privado, impactando de esta forma en las conductas y comportamientos de la sociedad toda. Además, es necesario considerar que estos tipos penales se relacionan también con los contextos socioeconómicos y culturales de desigualdad histórica, creándose nexos complejos entre los distintos tipos de violencias instaladas en las estructuras sociales de poder, con reproducción de patrones violentos al interior de los diversos tipos de familias
El ASI produce una transgresión de la cualidad vincular interna de las familias, generando así un fenómeno psicosocial en el cual las esferas íntimas de la vida de niños niñas y adolescentes se ven quebrantadas, alterando los límites del cuidado, la afectividad y la confianza propias de los roles parentales asignados socioculturalmente.
A los daños físicos y psíquicos que sufren los y las sobrevivientes, se suman muchos otros daños: revictimización al tener que relatar los hechos una y otra vez, ver frustrada su aspiración a que exista un juicio ante la falta de credibilidad que se le da a su relato, el nulo acompañamiento tanto de las y los NNA y adultas y adultos responsables significativos y protectores que inician las denuncias, lo que incluso deriva en ideas suicidas de estas víctimas. A lo anterior, se debe agregar que en este tipo de delitos, las víctimas demoran muchísimos años en denunciar.
Si bien se logró la aprobación de la Ley 21.160 de Imprescriptibilidad de ASI y la Ley 21.057 de entrevistas videograbadas, como un intento de avanzar en la protección de NNA, persisten las deficiencias para una verdadera concreción del respeto, promoción y protección a sus derechos. En Chile, la defensa de la víctima recae en el Ministerio Público. Lamentablemente, en la práctica, ello no ocurre, por lo que son las víctimas las que deben costear altos montos para obtener defensa jurídica en procesos eternos que además son llevados a cabo sin perspectiva de género y sin respeto ni garantía a los derechos humanos de NNA.
Un claro ejemplo de que en Chile los y las NNA no son una prioridad es la violación sistemática los DDHH de NNA bajo cuidado del Estado y en que a la fecha no existen responsables procesados y condenados por estos graves delitos de lesa humanidad, incluido ASI.
La “reforma” al Sename, no es más que maquillaje para una institucionalidad que fue mal planteada desde su origen. El solo hecho de que se esté por promulgar una ley, que crea un nuevo servicio de protección para NNA vulnerados en sus derechos, sin contar primero con un marco normativo que expresamente consagre las garantías de NNA, es también ilustrativo de que gran parte de nuestros legisladores no comprenden la armonía que requiere todo un nuevo sistema de tratamiento de la infancia en nuestro país.
Otro ejemplo de la falta de relevancia que tiene el ASI tiene relación con el tratamiento de los abusos cometidos por eclesiásticos en Chile. La Red de sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico informo en el año 2019, que se ha producido un total de 243 denuncias de presuntos abusos sexuales contra el clero y empleados de la Iglesia Católica Chilena, lo que coloca a Chile como el segundo país de América latina con más casos de denuncias después de México.
En este contexto, exigimos de parte del Estado tomar acciones concretas a favor de las víctimas NNA con la perspectiva de respeto y garantía de sus derechos humanos, esto es, realizando los cambios legislativos e institucionales que permitan a Chile cumplir con los estándares internacionales y no se continúe con las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos de los y las NNA.
Dirección de Familias, Niñez y Adolescencia
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