La justicia debe ser accesible para todas y todos los sobrevivientes de abuso sexual, cuando estén listos para concurrir, e independientemente de límites geográficos.
Por Marci Hamilton* para USA Today (enlace artículo original ).
Traducción gentileza de Vinka Jackson y Diamela Pumarino para la Red de Sobrevivientes abuso sexual eclesial, Chile, y Derecho al Tiempo.
En los Estados Unidos, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños, son abusados sexualmente cada año. En campus universitarios, un 13% de las estudiantes sufre violaciones o asaltos sexuales. La respuesta de nuestro sistema legal para quienes tengan la valentía de concurrir y denunciar, será muy adversa, haciendo prácticamente imposible el acceso a justicia debido a leyes estatales desactualizadas, que incluyen plazos de prescripción.
A modo de ejemplo, se ha impedido el acceso a justicia a sobrevivientes de abuso en Ohio State University, en razón de plazos de prescripción estatales muy estrechos, aun cuando otros sobrevivientes no encuentren las mismas barreras en otros estados.
La justicia debe ser accesible a todas y todos los sobrevivientes de abuso sexual cuando estén listos para concurrir, e independientemente de límites geográficos.
Con un nuevo liderazgo en el Congreso y la Casa Blanca, ya es hora, y hace mucho lo es, de que nuestros legisladores prioricen el esfuerzo de ampliar [o eliminar] los plazos de prescripción para estos crímenes a nivel nacional, y contar con un único estándar federal que garantice a las y los sobrevivientes el derecho a concurrir y denunciar, cuando se sientan preparados y capaces de hacerlo.
Los legisladores pueden avanzar hacia esta meta, incentivando a los estados para que habiliten realmente el acceso a justicia, a fin de garantizar a sobrevivientes en todo el país, un tiempo igual y suficiente para realizar y tramitar sus denuncias.
Una mayoría de las acciones judiciales contra instituciones como escuelas, Iglesias y organizaciones comunitarias –incluso aquellas conocidas por su complicidad en el encubrimiento de abusos, o por su empeño en disuadir y silenciar a las y los sobrevivientes- están bajo el gobierno de los plazos de prescripción de sus respectivos estados.
Lo anterior resulta en la creación de sistemas de justicia diferentes, determinados por la geografía, que desafían principios básicos de nuestro sistema legal. Cuando el movimiento Time’s Up reveló abusos extendidos y sistemáticos, el Congreso se unió en la indignación y exigencias de justicia. El momento actual es una oportunidad para nuestros legisladores de reconocer y corregir otro punto ciego de nuestras leyes, persistente y abominable, y proteger así a las y los sobrevivientes.
El mes pasado, la U. de Southern California (USC) anunció avenimientos por más de mil millones de dólares para las víctimas de abusos perpetrados por un médico de la universidad, predador de cientos de pacientes a lo largo de varias décadas. Esta suma, una de las mayores sumas de dinero logradas en una querella contra una Universidad, permitirá que cada demandante reciba indemnizaciones en un rango de millones de dólares. Por otro lado, Ohio State University (OSU) anunció el año pasado un acuerdo similar con 162 demandantes, sólo por 41 millones de dólares en total. Una disparidad dramática.
La disparidad que reflejan las leyes de cada Estado
La misma disparidad dramática observada en los acuerdos establecidos por USC y OSU, se repite a lo largo del país. La situación es diferente en estados que muy recientemente han actualizado sus leyes y plazos de prescripción en juicios civiles por abuso sexual –California y Nueva York, por ejemplo-, permitiendo a más sobrevivientes de abuso acceder a justicia, y recibir indemnizaciones más frecuentes y más justas.
Sin embargo, en muchos estados donde las reformas todavía demoran, miles de sobrevivientes continúan viéndose impedidos de emprender acciones judiciales en contra de sus abusadores.
Los acuerdos emblemáticos de USC con las víctimas son sobre todo relevantes pues en ese estado, en 2019, el legislador aprobó un proyecto de ley que levantó temporalmente los plazos de prescripción en un número de causas por asalto sexual, creando una ventana de tres años para acoger todas las demandas que pudieran ser realizadas en ese período.
Al igual que las leyes de protección de víctimas y de la infancia de Nueva York y Arizona (New York Child Victims Act y Arizona Child Protection Act), la legislación en California habilitó a los sobrevivientes que sufrieron abusos sexuales en su niñez o en la educación superior, para denunciar y por fin acceder a justicia sin importar cuándo hubiese ocurrido el abuso.
Por otro lado, en el juicio contra Ohio State, la universidad intentó denegar inicialmente el derecho de los denunciantes a perseguir acción legal. La institución alegó que el abuso perpetrado por el Dr. Richard Strauss había ocurrido hace demasiado tiempo como para que los sobrevivientes interpusieran demandas.
Las leyes de Ohio exigen que las demandas sean presentadas durante los dos años inmediatamente posteriores a la comisión de los abusos, y sus plazos de prescripción son de apenas seis años. Antes de los litigios, sobrevivientes y sus abogados fueron obligados a justificar, en primer lugar, el derecho básico a perseguir justicia.
El gobierno federal puede asegurar justicia para todos
El Congreso debe procurar que el gobierno federal sea la primera línea en la defensa y garantía de justicia para todos. Estas reformas son de interés público, y no sólo de los sobrevivientes.
De esta manera nuestra nación podrá dar seguridad en que la realidad de los abusos sea revelada completamente, y que las instituciones se hagan responsables por sus actos.
Es inconcebible que el a acceso a justicia para sobrevivientes de abusos sexuales sea todavía determinado por el lugar en que viven, o dependa de leyes que por décadas han amparado a los abusadores. El Congreso tiene la oportunidad de empujar un cambio significativo para que toda y todo ciudadano que haya sido abusado, pueda ser escuchado en tribunales como merecen, sin perjuicio de dónde vivan.
*Marci Hamilton es la fundadora y CEO de CHILD USA.
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