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Explicado: el conflictivo proceso del Vaticano para el abordaje de casos de abuso eclesiástico.

VATICANO (AP)*: Una tarde a mediados de diciembre, el Papa Francisco mantuvo en encuentro, fuera de su agenda oficial o de cualquier otro registro, que enfatizó la total disfuncionalidad de la Iglesia Católica para dar respuesta al escándalo mundial del abuso eclesiástico.


En la recepción principal del hotel en el Vaticano donde vive, Francisco se reunió durante más de una hora con un español que fue abusado por su director espiritual cuando era un joven seminarista. Estaba desesperado.


Había interpuesto una denuncia ante la Arquidiócesis de Toledo, España, en el año 2009, y visitó muchas veces las oficinas del Vaticano para presentar evidencia documentada y exigir que se tomaran medidas contra su abusador y los obispos que lo habrían encubierto. Pero a lo largo de 15 años no obtuvo justicia alguna.


Si bien la decisión de Francisco de escuchar su historia era loable y espiritualmente sensible, evidenciaba que el sistema interno de la Iglesia para manejar los abusos, desde las leyes que castigan a los abusadores hasta sus políticas de asistencia a los sobrevivientes no funciona. Por cada víctima con los suficientes contactos dentro del Vaticano para conseguir audiencia con el Papa, hay un número inconmensurable de otras que nunca obtendrán de la Iglesia ni justicia o siquiera atención.


Cinco años atrás, sin precedente alguno, Francisco convocó una cumbre de obispos de todo el mundo, con el fin de marcarles que el abuso eclesiástico era un problema global y que debía ser abordado. Durante cuatro días, los obispos escucharon relatos desgarradores de los traumas de las víctimas, aprendieron cómo investigar y sancionar a los curas pedófilos, y se les advirtió que ellos mismos serían castigados si seguían encubriendo abusadores.


Así y todo, cinco años más tarde, pese las nuevas leyes canónicas que responsabilizan a los obispos y a las promesas de hacer las cosas mejor, quedó probado que el sistema legal interno de la Iglesia, junto a la respuesta que ofrece a las víctimas en el plano espiritual, es incapaz de manejar el problema.





ORGANIZACIONES ADVIERTEN QUE LA ACTITUD DE LA IGLESIA EVOLUCIONA SIN DEJAR DE DAÑAR A LAS VÍCTIMAS


"Es una experiencia horrenda. Y no es algo que aconsejaría hacer a nadie, a menos que se prepare para que se le de vuelta no sólo su mundo sino el propio sentido de sí mismo", dijo Brian Devlin, un ex sacerdote escocés cuyas denuncias de comportamiento sexual inadecuado, primero en forma interna y luego públicas, contra Keith O´Brien, marcaron la caída del el Cardenal ya fallecido.


"Te conviertes en agitador. Te conviertes en delator. Y puedo entender muy bien que quienes atraviesan este proceso terminen con problemas más grandes que antes de empezar. Es un proceso enorme, enormemente destructivo".


El entonces Cardenal Joseph Ratzinger revolucionó la manera en que Iglesia Católica manejaba el abuso en 2001, cuando convenció a Juan Pablo II de dar la orden de que todos los casos fueran enviados a su oficina para ser revisados.


Ratzinger tomó medidas porque, después de casi un cuarto de siglo en la Congregación para la Dcotrina de la Fe, había visto que los obispos no obedecían las leyes de la Iglesia y trasladaban a los predadores de parroquia en parroquia en vez de sancionarlos.


Sobre el final de la cumbre de 2009, Francisco juró enfrentar a los clérigos abusadores con "la ira de Dios". En los meses siguientes envió una nueva ley que obligaba a informar todos los casos de abuso a las autoridades de la Iglesia en forma interna (no a la policía) y planificó los procedimientos para investigar a los obispos abusadores o que encubrieran a curas pedófilos.


Pero cinco años después, el Vaticano no mostró ninguna transparencia ni estadísticas que revelaran el número de obispos investigados o sancionados. Incluso la misma comisión papal que asesora sobre protección de menores afirma que los problemas estructurales cimentados dentro del sistema están dañando a las víctimas y obstruyéndoles el mínimo básico de justicia.


"Casos con denuncias recientes de público conocimiento señalan las deficiencias trágicamente dañinas de las normas con que se pretende castigar a los abusadores y responsabilizar a quienes tienen la tarea de abordar los delitos", señaló la Comisión Papal para la Protección de Menores tras su última reunión. "Estamos muy atrasados respecto de la reparación de las fallas en los procesos que dejan a las víctimas heridas y en total oscuridad tanto durante como después de dirimirse los casos".


En la cumbre de 2019, las normas que la Iglesia Católica de EEUU promulgó para la sanción de curas y protección de menores fueron promocionadas como el estandarte de oro. Los obispos de EEUU adoptaron una política de mano dura luego de que la sección "Spotlight" del Boston Globe hiciera estallar el escándalo de los abusos.


HAY QUIENES DICEN QUE LAS VÍCTIMAS DEBERÍAN PASAR POR ALTO LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA CANÓNICA


El Reverendo Thomas Doyle, un abogado canónico norteamericano que trabajó para la embajada del Vaticano en Washington y ahora se desempeña como consultor, dice que dejó de aconsejar a las víctimas que busquen justicia en la Iglesia.


¿Por qué? Porque "la Iglesia los va a tener dando vueltas desde el primer día", afirmó.


"No pierdan su tiempo", cuenta Doyle que les dice a las víctimas. "La única justicia, o algo parecido a la justicia que alguna vez se haya impuesto, ocurre en las cortes civiles, porque la Iglesia no puede joderlas".


Todas y cada una de las investigaciones sobre abusos en la Iglesia Católica que haya salido a la luz en los últimos años identificó el sistema legal de la iglesia como una parte fundamental del problema, desde los informes de comisionados en Francia y Alemania hasta las pesquisas del gobierno en Australia, estudios ordenados por el parlamento en España e investigaciones de las fuerzas de seguridad en USA.


Mientras algunas reformas se concretaron, incluyendo el levantamiento en 2019 del secreto oficial con que se encubrían abusos en Francia, las cuestiones estructurales permanecen sin solución.


Parte del problema es que nunca se pretendió mediante la justicia canónica abordar las necesidades de los sobrevivientes de abuso o ayudarles en su proceso de sanación. El objetivo oficial del sistema está completamente centrado en lo institucional: "reinstaurar la justicia, reformar al agresor y reparar el escándalo".


LOS INFORMES IDENTIFICAN PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LAS RECIENTES POLÍTICAS DE LA IGLESIA


—El conflicto de intereses estructural es parte del sistema.


Según los protocolos de la Iglesia, un obispo o superior religioso investiga la denuncia de abuso contra uno de sus curas y luego habilita el juicio. Aún así los intereses del obispo o superior están comprometidos, dado que el cura se considera un hijo espiritual en el que el obispo invierte tiempo, dinero y amor.


Cuesta pensar en cualquier otro sistema legal en el mundo que espere objetividad de alguien con una relación tan personal, tan paternal, con una de las partes en disputa, y que pueda emitir un juicio justo.


La comisión independiente que investigó el escándalo de abusos en la Iglesia francesa afirmó que semejante conflicto de intereses estructural "resulta, humanamente hablando, indefendible".


Aún el propio Sínodo de Obispos del Papa llegó a una conclusión parecida. En su resumen de noviembre, tras un mes de reuniones, obispos de todo el mundo identificaron el conflicto de intereses como un problema constante.


"La cuerda sensible del abordaje del abuso es que coloca a muchos obispos en la difícil situación de tener que conciliar el rol de padre con el de juez", dicen, sugiriendo que "otras estructuras" asuman la tarea del juicio.


—La falta de derechos básicos para las víctimas.


En las investigaciones canónicas sobre abuso, las víctimas son meros testigos, terceras partes en sus propios casos. No pueden participar en ninguno de los procedimientos secretos, no tienen acceso a expedientes y tampoco ningún derecho de saber siquiera si se inició dicha investigación canónica, mucho menos en qué situación se encuentra.


Sólo tras una reforma hecha por Francisco en 2019 las víctimas están autorizadas a conocer el resultado final de sus casos, pero nada más.


El defensor del pueblo de España, a quien la Cámara de Diputados asignó la tarea de investigar los abusos en la Iglesia Católica local, dijo que estos procesos suelen retraumatizar a las víctimas.


"A pesar de las regulaciones impuestas en los últimos años, si tomamos en cuenta los estándares internacionales y nacionales sobre los derechos básicos de la víctima en procesos criminales, sus derechos y necesidades siguen siendo desatendidos por la justicia canónica", halló el informe.


Los expertos franceses fueron más allá, al argumentar que el Vaticano se encuentra directamente en infracción respecto de sus obligaciones como estado veedor de la ONU y miembro del Concejo Europeo, funciones que exigen defender los derechos básicos de las víctimas.


Citando a la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, el informe francés señaló que un derecho básico incluye el acceso a un juicio justo, "el que garantiza, en particular, el derecho a acceder a la justicia independiente y un proceso acusatorio, y, para la víctima, el derecho a una reparación efectiva".


"El derecho canónico sólo podrá dar una respuesta genuina al abuso sexual contra infancias y personas vulnerables en la Iglesia Católica si cumple con requisitos judiciales universalmente reconocidos, y si se implementa con mayor efectividad", concluyó la comisión francesa.


—Sin jurisprudencia pública.


A diferencia del tribunal del Vaticano, conocido como Rota Romana, que hace públicas las anulaciones escritas de matrimonio, la oficina a cargo de los casos de abuso sexual en el Vaticano no da a conocer ninguna de sus decisiones sobre cómo dirimir los casos de abuso eclesiástico.


Esto significa que un obispo que investiga la denuncia a uno de sus curas no tiene manera de saber cómo se aplicó la ley en casos similares. Significa que quienes estudian el derecho canónico carecen de jurisprudencia que puedan estudiar o citar. Significa que académicos, periodistas y las mismas víctimas no tienen manera de saber qué comportamientos se sancionan y si los castigos se aplican arbitrariamente o no.


Legistas independientes que investigaron abusos eclesiásticos en Munich, Alemania, dijeron que hacer públicos los fallos de la justicia canónica ayudaría a acabar con la incertidumbre de las víctimas respecto de cómo la Iglesia aplica sus leyes. La Comisión Real de Australia, la forma máxima de investigación en el país, exigió de modo similar desclasificar los fallos sobre casos de abuso, de manera impresa, y brindar razones escritas de dichos fallos "en tiempo y forma".


Puertas adentro, los abogados canónicos se han quejado durante años de que la confidencialidad profundizaba las dudas sobre la credibilidad y la eficacia de la respuesta que la Iglesia le daba a este escándalo.


"Esta falta de notificación sistemática de la jurisprudencia de las cortes principales de la Iglesia no es digna de un verdadero sistema legal", dijo Kurt Martens, profesor de la Universidad Católica de América en una conferencia sobre derecho canónico el año pasado.


El Monseñor John Kennedy, quien encabeza la dependencia del Vaticano que investiga casos de abuso, dijo que su equipo estaba trabajando diligentemente en los procesamientos y había recibido elogios de obispos en forma individual, de juntas enteras de que estuvieron de visita y de superiores religiosos.


"No hablamos en público de lo que hacemos pero el feedback que recibimos y los comentarios de nuestros miembros que recién se encontraron para el Plenario son muy alentadores", escribió a The Associated Press. "El Papa también expresó su gratitud por el gran trabajo que se hace en silencio".


Se las deja languidecer, incluso cuando (como aconseja ahora la Iglesia) denuncian el abuso. El seminarista español que se reunió con el Papa empezó realizando la denuncia contra su abusador frente a la Arquidiócesis de Toledo en 2009. Pero el arzobispo de Toledo sólo instauró una investigación interna en 2021 e informó al Vaticano, luego de que el diario español El País publicara el caso.


The Associated Press no revela la identidad de la víctima a menos que ella lo decida.


El octubre, una corte penal española condenó al cura y la sentencia fue de siete años. Recientemente, una corte de apelaciones la anuló basándose en un tecnicismo.


El seminarista permaneció en contacto con Francisco y hace poco le escribió diciendo estar "exhausto" con el proceso pero que sin embargo apeló a la Corte Suprema de España.


Dijo que Francisco lo llamó de inmediato y lo alentó a seguir luchando.


*Todos los derechos de esta nota son de AP.

Traducción de la Red de Sobrevivientes de Chile.

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