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DECLARACIÓN PÚBLICA por la Comisión Verdad y Niñez

  • hace 20 minutos
  • 3 min de lectura

Como sobrevivientes del sistema de protección residencial del Estado de Chile

(SENAME), y como personas que conocimos desde la experiencia directa las

consecuencias del abandono institucional, la violación de derechos humanos y la

desprotección sistemática de niños, niñas y adolescentes, manifestamos nuestra

profunda preocupación y malestar frente a recientes designaciones efectuadas por

el gobierno del Presidente Kast en el marco de la Comisión Asesora Presidencial

de Verdad, Justicia y Reparación para las Víctimas del Sistema de Protección a la

Niñez.


La conformación de una instancia de esta naturaleza exige no solo competencias

técnicas o trayectoria profesional. Exige, por sobre todo, legitimidad ética,

independencia y una trayectoria coherente con los principios de verdad, justicia,

reparación y garantías de no repetición.


Por ello, resulta particularmente preocupante la incorporación de personas

vinculadas, directa o indirectamente, a espacios institucionales que durante años

defendieron estructuras que encubrieron, minimizaron o relativizaron graves

violaciones de derechos, incluidos abusos sexuales cometidos contra niños, niñas

y adolescentes. Del mismo modo, inquieta la participación de personeros que

promovieron o respaldaron la permanencia de autoridades asociadas a contextos

similares mientras ejercían funciones públicas de alta responsabilidad.


Quienes vivimos la institucionalización sabemos que el daño no fue producto de

errores aislados. Fue consecuencia de decisiones, omisiones y mecanismos de

protección institucional que durante décadas privilegiaron intereses corporativos,

económicos y políticos por sobre la vida, la dignidad y la seguridad de miles de

niños y niñas.


Nosotros somos parte de esa historia.


Somos quienes crecimos en residencias donde muchas veces la protección

prometida nunca llegó. Somos quienes vimos cómo nuestras infancias fueron

transformadas en cifras, subvenciones y estadísticas. Somos quienes cargamos

hasta hoy con las consecuencias de un sistema que, en demasiadas ocasiones,

administró el sufrimiento en lugar de erradicarlo.


Por ello, no aceptamos que los espacios destinados a esclarecer la verdad sean ocupados por personas cuya trayectoria genere dudas razonables respecto de su

independencia o compromiso irrestricto con las víctimas.


Valoramos las palabras del Subsecretario cuando señaló que nadie es perfecto.

Probablemente tenga razón. Sin embargo, la construcción de confianza pública no

puede descansar únicamente en la lógica de lo posible. Debe sustentarse en

certezas éticas, transparencia y credibilidad. La vara con la que se mide una

comisión de esta relevancia histórica no puede ser la conveniencia política, sino la

confianza de quienes han esperado justicia durante décadas.


Queremos ser claros: no buscamos confrontación estéril ni exclusiones arbitrarias.

Estamos disponibles para colaborar, dialogar y trabajar mancomunadamente por

el bienestar de nuestros hermanos y hermanas institucionalizados. Estamos

dispuestos a contribuir con nuestra experiencia, conocimiento y testimonios para

que este proceso sea un verdadero punto de inflexión en la historia de Chile.


Pero no estamos dispuestos a que la búsqueda de verdad y reparación se

construya sobre las mismas lógicas de silencio, encubrimiento o protección

institucional que tanto daño causaron en el pasado.


La verdad exige valentía. La reparación exige coherencia. Y la confianza de las

víctimas exige mucho más que buenas intenciones.


Esta declaración no es solo por quienes estuvimos. Es también por quienes están

hoy bajo protección del Estado y por quienes vendrán mañana.


Porque la memoria de los niños y niñas que sufrieron no puede transformarse

nuevamente en un ejercicio de representación simbólica.


Debe convertirse, de una vez por todas, en verdad, justicia y reparación efectiva.


Por los que estuvieron.

Por los que están.

Y por los que estarán.


Por la verdad, la justicia y la reparación de quienes fuimos institucionalizados en el

SENAME.

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