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El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela.

Actualizado: jul 15

Un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores señala que en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público hasta julio de 2019 gracias a esta publicación de CIPER.


CIPER accedió a ese informe de 257 páginas. El documento es un resumen de la extensa investigación –contenida en 28 tomos– realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette Villa (abril de 2016). El informe está fechado en diciembre de 2018 y, de acuerdo a lo que señala el mismo documento, además de haberse enviado a Emilfork también fue compartido con autoridades de gobierno relacionadas con el Sename, organismo dependiente del Ministerio de Justicia.


Los hallazgos de la investigación son de tal relevancia, dice el mismo informe, “que hicieron necesario dar cuenta de ello a las autoridades de gobierno competente como conocimiento y evidencia útil para la eventual toma de decisiones”.



ONU: Estado chileno viola “grave y sistemáticamente” los derechos del niño en centros de protección.


El informe de la PDI entregado al Gobierno constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU en julio de 2018. El texto señala que el Estado chileno "ha violado grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en centros de protección residencial bajo control directo o indirecto del servicio".


Además, Chile ha incumplido 17 artículos de la convención de los derechos del niño, según el informe. "Las vulneraciones de derechos afectaron a miles de NNA que entraron en los hogares, en todo el territorio del país, y durante un periodo largo de tiempo, que se prolonga hasta hoy. Las violaciones encontradas son de una naturaleza amplia y su impacto se estima a largo plazo", señalaron.


En la misma línea, criticaron "un sistema de protección basado en una visión asistencialista y una lógica paternalista del Estado", la "inacción e incapacidad reiterada de cambiar leyes, políticas y prácticas que se conocían", y que "la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances (de programas de reintegración) y se limitan en gran medida a supervisar la situación del centro", señalaron.


En cuanto a recomendaciones, se pide que se "desjudicialice" el sistema y que se repare a las víctimas, entre los principales puntos.


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